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AUTOR: Sergio Ocampo Arista 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 12 de mayo de 2017

Chilpancingo, Gro. Este jueves se realizó el foro Las víctimas de la ignominia de un Estado fallido: desaparecidos, ejecutados y desplazados, durante el cual Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que «la macrocriminalidad, la fusión del crimen organizado con el poder público, tiene postrada a la nación» con más de 30 mil desaparecidos, 160 mil asesinados y más de 300 mil personas desplazadas en México en años recientes, a pesar de que el país no está en guerra.

Patrón sostuvo que sólo en el municipio de Chilapa «se habla de más de 300 personas desaparecidas», pero «si vamos a Iguala, Huitzuco, Taxco y otros municipios, estamos hablando de más de 600».

Consideró que la macrocriminalidad es una «estrategia de control territorial» del propio gobierno que incluye desapariciones forzadas «con responsabilidad del Estado, y también por omisión», y que Guerrero ocupa el primer lugar en número de fosas clandestinas.

Sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el municipio de Iguala en septiembre de 2014, dijo que en esa zona se han presentado más de 290 denuncias por desaparición forzada.

«¿Es posible que estemos hablando de 600 personas desaparecidas sin que el Estado se entere? Tenemos que preguntarnos cuáles son las alternativas hoy, y la esperanza son los movimientos por la presentación de los desaparecidos en el país», indicó.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón presentó un informe en el cual se destaca que en región de la Montaña Baja 19 personas desaparecieron en 2014, y 2015 la cifra auymentó a 43. Dio a conocer que en 2016 hubo al menos 281 víctimas de la delincuencia organizada.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que la militarización en Guerrero ha propiciado el uso letal de la fuerza, «y eso nadie lo ha castigado y nadie ha rendido cuentas. El Ejército Mexicano ha tenido derecho para matar».

Añadió que actualmente se discute una ley para que el Ejército Mexicano pueda intervenir más abiertamente en seguridad pública. «Guerrero es el laboratorio de esa experiencia nefasta que ha significado que el Ejército tenga manos libres», señaló.